Jamás de los jamases llegué a pensar que aquel apestoso cuartel donde hice la mili se transformaría con el tiempo en una cárcel encubierta; o, como se le llama eufemísticamente, un centro para internamiento de extranjeros, en donde, según acusa CEAR, la Comisión de Ayuda al Refugiado, existen -presuntamente- agentes energúmenos que en ocasiones apalean sin piedad a algunos internos allí retenidos. La crónica de los hechos que relataba ayer l'Informatiu pone los pelos de punta. No es nada nuevo para el que esto escribe, que está harto de visitar el centro para hablar con los afables sindicatos policiales que disponen allí de unos cuantos cuartuchos mal equipados. Los mismos policías se lamentan hace lustros del abandono palmario de esas cochambrosas instalaciones, antaño cuartel de Ingenieros. Ocioso e irritante es recordar los extremos desvelados por los activistas globales: no hay cámaras de seguridad, los internos mean en botellas porque no pueden salir a lavabos, hay dos celdas de aislamiento. Los inmigrantes denuncian actitudes vejatorias, gritos y golpes. Un horror de república bananera en pleno barrio de Malilla.

Pero el que esto redacta también estaba lejos de imaginar que un delegado de gobierno, presuntamente de izquierdas, Ricardo Peralta, niegue tres veces, cual San Pablo laico, cualquier irregularidad en el centro. “Hablar de torturas es ofensivo para el sistema” ha declarado el antiguo miembro de PCPV y presunto progresista. ¿Qué tendrán los cargos políticos que uno, una vez encaramado a ellos, se pone de parte del sistema que antes vilipendiaba?