Todo inicio de un nuevo curso político supone un buen momento para hacer balance de las políticas anteriores y reflexionar sobre el futuro. En un periodo marcado las dificultades económicas y la corrupción vinculada al PP en la Comunitat Valenciana, los gobernantes deben actuar con ética y responsabilidad, con transparencia en la gestión y con racionalidad en el gasto. Lamentablemente, el equipo de gobierno municipal del Partido Popular no cumplió ninguna de estas premisas en el curso pasado.
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, centró su actuación en la defensa de Francisco Camps frente a su imputación en el caso Gürtel, en la autocomplacencia con la Generalitat pese a la falta de ejecución del Plan Confianza en la ciudad y la ausencia del fondo de cooperación municipal, en la crítica al Gobierno de España pese a su esfuerzo inversor en la ciudad, y en la falta de transparencia pese a los numerosas iniciativas del Grupo Municipal Socialista para garantizar la transparencia en la gestión.
La alcaldesa ha sido complaciente con Camps y victimista con el Gobierno, pese a que, con las obras del AVE incluidas, el Ejecutivo de Zapatero invertirá en Valencia en 2010 seis veces más que la Generalitat: 897 millones del Estado, frente a 143 del Consell. A ello se le suman los 87 millones que recibirá la ciudad con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, dentro del segundo Plan E.
Sin embargo, frente a los casi mil millones que invierte el Gobierno en la ciudad, Camps sólo ofrece a Valencia un plan de inversión local sin presupuesto que invita a la desconfianza. Y ello con el silencio cómplice de Barberá, impasible ante la falta de ejecución del plan en la ciudad y enmudecida ante la ausencia del fondo de cooperación municipal, la falta de firma del contrato-programa de transporte metropolitano con el Gobierno para paliar el déficit de la EMT y la deuda de la administración autonómica con la local. |