Ayer, el informe anual de la Sindicatura de Comptes se encargó de revelar el último escándalo. Pese a saber el coste real del polémico puente de l’Assud de l’Or, ni el Consell del presidente Camps, ni el Ayuntamiento de València, habían hecho público el gasto y ha tenido que ser el auditor de las cuentas de la Generalitat el que haya cifrado las obras en 59.883.277 euros. Este precio final del conocido como “jamonero” de Santiago Calatrava supera en 23 millones de euros, casi 4.000 millones de pesetas, el presupuesto de adjudicación, que se cifró en 2004 en unos 36 millones.

El sobrecoste de esta obra se suma a los 45 millones de más que costó el último edificio del complejo, el Ágora, y a los más de 100 millones de euros “extra” del Palau de les Arts. Unos aumentos del coste final que la Generalitat ha asumido sin rechistar y que en otras comunidades, como en Baleares con el caso Palma Arena, han acabado con algunos de los gestores entre rejas. En aquel caso por un aumento del gasto final del doble de lo presupuestado. De momento, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias todos los sobrecostes parecen estar justificados.

Pero el Síndic de Comptes no sólo revelado excesos en los gastos, que no se hubieran podido conocer de otra manera. La auditoría de la Generalitat da un toque de atención a CACSA, la empresa pública encargada de gestionar el complejo. Según explica, las contrataciones de personal “no garantizan suficientemente, en todos los casos, el cumplimiento” de los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad. También revela que los contratos menores de suministros y servicios, establecidos en las instrucciones de contratación internas, no se ajusta a lo establecido por ley, ya que los fija en 30.000 euros, cuando el umbral máximo está en 18.000 euros.