“En la Policía Local el uso de porras extensibles está autorizado, la propia jefatura las reparte aunque hay gente que se la compra por su cuenta”, confirmaron a este diario fuentes del Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos de la Comunitat. La Dirección General de la Policía Nacional y la Guardia Civil prohibe su uso entre sus agentes, al igual que la policía autonómica vasca que en 2005 decidió prohibir su uso al detectar que alrededor de 2000 agentes habían adquirido una por su cuenta.

Sin embargo, durante las cargas policiales contra las protestas pacíficas de los vecinos del Cabanyal, al menos tres agentes, dos de ellos protegidos con cascos en la cabeza, usaron estos utensilios, según muestran las numerosas fotografías de los hechos. En varias ocasiones la Policía Local cargó en coordinación con las unidades de intervención policial (antidisturbios) de la Policía Nacional contra vecinos que protestaban pacíficamente contra los derribos. También empujaron y zarandearon a concejales y diputados del PSPV, EUPV e Iniciativa. Tanto Mònica Oltra, como Marga Sanz denunciaron a la policía, al igual que haría más tarde Salvem el Cabanyal.

“El problema es su utilización, porque la porra no se suele utilizar para golpear, sino para apartar”, indica el Sindicato Profesional de Policías Locales. Sin embargo en la Policía Nacional y la Guardia Civil su uso está prohibido. Un portavoz del Sindicato Unificado de Policía de Valencia señaló a este diario que las porras extensibles “llevan una punta de acero que si das en la cabeza, haces un agujero”. “Es fácil de llevar, es pequeñita, pero no es un instrumento de defensa”, comentó el portavoz del SUP.

Amnistía Internacional, que ya documentó el uso de las pistolas táser por parte de algunos cuerpos policiales españoles, indaga ahora sobre el uso de las porras extensibles en la Policía Local de varios Ayuntamientos, entre ellos el de Valencia, según indicó un responsable de prensa de la ONG de defensa de los derechos humanos. También señaló que su organización había enviado una carta al secretario de Estado de Seguridad pidiendo explicaciones por la violencia policial en el Cabanyal, ya que “las imágenes han sido brutales”.

Para el  Sindicato Profesional de Policías Locales, el decreto 181/1998 del Gobierno valenciano “deja la puerta abierta” al uso de las porras extensibles, aunque reconocen que “existe confusión y no hay un apoyo claro a este tipo de herramientas”. El artículo 23 de la Ley 6/1999 de Policías Locales y de Coordinación de Policías Locales en la Comunitat Valenciana señala que “el Consell de la Generalitat procederá a homologar el material necesario estableciendo las prescripciones técnicas”, algo que el entonces gobierno autonómico de Eduardo Zaplana hizo en el decreto 181/1998 sobre homogeneización de medios técnicos, acreditación y registro de policías locales en la Comunitat Valenciana que se aplica en la actualidad.